A raíz de las amenazas por parte de funcionarios
municipales a vecinos y vecinas de Playa Norte y la formalización de una
denuncia penal al respecto, el Intendente Corral hizo declaraciones a los
medios (Diario Uno, 14/02/2013) frente a las cuales, en esta carta abierta, las
organizaciones abajo firmantes queremos hacer algunas aclaraciones.
Antes que
nada, corresponde notar que en su declaraciones Ud. no afronta en ningún momento el problema que motivó la denuncia, la
conferencia de prensa y la movilización de los vecinos/as y organizaciones
derechos humanos de la ciudad: el
accionar clandestino y violento de algunos de sus funcionarios, quienes,
extralimitándose en sus funciones, amenazaron a vecinas y vecinos con desalojarlos
y tumbarles la casa si no se van de los terrenos que habitan desde hace décadas.
Sus declaraciones desvían completamente la atención del foco.
Yendo a sus dichos, Sr. Intendente, cuando Ud. dice:
“Nosotros también hicimos varias denuncias penales porque, tanto en Playa
Norte como en Nueva Esperanza, los vecinos hemos tenido muchos problemas. Hay,
en general, gente de trabajo, pero un grupito nos tiene a maltraer a los
vecinos del barrio y al municipio que está trabajando”.
Estas declaraciones exhiben una concepción
discriminatoria inaceptable respecto del rol de las instituciones democráticas
en la vida política. El Intendente considera que está bien que el Estado
municipal denuncie penalmente a los vecinos por supuestas conductas delictivas
(vecinos a quienes fue el propio Estado municipal quien violentamente, en el
año 2010, colocó en la extrema precariedad de tener que habitar hacinados en
quinchitos ínfimos sin terminar, sin cerramientos, sin agua, sin transporte ni
acceso a centros de salud y a escuelas obligándolos previamente a destruir sus
anteriores viviendas para no poder regresar). Tanto es así, que lo anuncia a
viva voz, como primer elemento de su declaración. Ahora bien, cuando no es el
Municipio sino que son los propios vecinos y vecinas quienes denuncian a un
funcionario estatal que ha obrado sistemáticamente de manera ilegítima en su
perjuicio, el Intendente considera que está mal. Este doble estándar discriminatorio
para juzgar las denuncias es evidentemente injusto. Y es inaceptable.
Contraviene toda concepción defendible de la vida democrática.
“En Nueva Esperanza tuvimos
reiterados robos de herramientas, las cooperativas levantan una pared y a la
noche se la tumban; ponemos un tanque de agua y al otro día aparece en el piso.
Son dos o tres y nos gustaría que las organizaciones nos ayuden a
identificarlos y que dejen tranquilos al barrio
Queremos
indicarle que no es ni nunca fue función de las organizaciones sociales “identificar
delincuentes” en los barrios. Más aún cuando, conociendo la realidad de los
barrios desde hace años, las organizaciones pueden ver claramente que estos supuestos
“delincuentes”, en todo caso, son consecuencia de la ausencia/ineficacia de
políticas de estado o de connivencias entre policías, el tráfico de drogas y el
tráfico de armas. No obstante, por fuera de la repudiable ideología
discriminatoria que sólo ve “delincuencia” allí donde hay pobreza y se niega a
reconocerla entre los sectores socioeconómicamente más favorecidos, no vemos
por qué el Intendente no advierte que las vecinas y organizaciones sociales de
estos barrios ya están contribuyendo activamente a la identificación de
aquellos que se conducen de manera contraria a la ley en el sector: las
denuncias presentadas son exactamente eso.
“… en Nueva Esperanza, que nos
dejen terminar las obras que son definitivas con terrenos de 10 por 20 metros, con agua, con
el sistema de tarifa social de la EPE. Esas casas ya están asignadas, en el
frente tienen el nombre y apellido de quien va a vivir ahí
Aunque nada tiene que ver con la denuncia penal a sus
funcionarios, queremos recordarle que la triste historia de Los Quinchitos (“Nueva
Esperanza”) es ampliamente conocida por toda la sociedad más allá de los
límites de Santa Fe y que fue calificada por la propia directora de la agencia municipal Santa Fe Hábitat Sara Lauría como un “grave error” en la Asamblea de Vecinos realizada en
Gral. Paz en fecha 21-01-2012. No vamos a ahondar en detalles tan conocidos, en
todos los derechos vulnerados y todas las leyes transgredidas durante este
violento proceso de desalojo a vecinos del Bajo Judiciales.
“Queremos terminar rápido, pero
para eso tenemos que empujar todos para el mismo lado. No puede ser que las
organizaciones que quieren mejorar la vida de la gente, o que dicen quererlo,
estén en contra del municipio que es quien está trabajando”
Señor Intendente, su unívoca referencia a “las
organizaciones” como destinatarias de su mensaje es equivocada y, de nuevo,
discriminatoria. Usted niega la comprometida y reflexiva acción política de los
vecinos y vecinas en situación de pobreza, que, con el convencido
acompañamiento de las organizaciones, han realizado tanto ésta como las
anteriores denuncias en defensa de sus derechos. Ud. desmerece estas valiosas expresiones
ciudadanas cuando decide desconocerlas por completo y considerar que las
acciones solamente corresponden a “las organizaciones”. Revela, así, un
paternalismo que quienes suscribimos este documento no sólo no practicamos sino
que deploramos.
Por otro lado, las organizaciones sociales están
junto a los vecinos desde el 2001, ¡sin claudicar! Su accionar puede
sintetizarse en:
·
cobertura frente a la falta de políticas de
estado para los ciudadanos en situación de pobreza (educación, capacitación,
recreación, promoción de ciudadanía);
·
y lamentablemente, defensa frente a los atropellos de muchos de sus “representantes”
políticos (funcionarios en diferentes gestiones), marco en el cual se da
esta última denuncia penal.
Y aunque la ciudadanía santafesina ya lo conoce,
hacemos un breve punteo para que Ud. tome conciencia del “lado” para el cual
estamos tirando, y al que hace años estamos invitando a Ud. y a sus
funcionarios a sumarse:
1.
Propuestas educativas, asistenciales y
recreativas a niños, adolescentes y adultos de los barrios: Playa Norte, Bajo
Judiciales, General Paz y Chaqueño desde el año 2001.
2.
Gestiones repetidas para mejorar la calidad de
vida de los habitantes de estos terrenos (agua potable, luz con medidores
sociales, espacios públicos para Playa Norte).
3.
Asistencia y gestiones varias durante
inundaciones, frente a la ausencia del Estado, especialmente el municipal.
4.
Conformación en el año 2006 de una Red de 50
organizaciones sociales, universidades, escuelas y vecinales para luchar contra el narcotráfico y a favor de
políticas de salud para la atención del
adicto, en especial niños y jóvenes en situación de pobreza. De más está
aclarar que no hubo apoyo ni repuestas por parte de los gobiernos de turno.
5.
Promoción de ciudadanía junto a los vecinos y
vecinas del NE, que por prácticas políticas excluyentes que siguen imperando en
la ciudad de Santa Fe suelen ser completamente desconsiderados al momento de
discutir políticas públicas (¡incluso aquellas que afectan directamente sus
propias vidas!). Las actividades en esta dirección se realizan permanentemente:
asambleas barriales, proyectos participativos, interpelación a funcionarios de diferentes gestiones, así
como facilitación en el acceso a organismos de Derechos Humanos, periodismo,
etc.
6.
Hacer accesible a los vecinos y vecinas el uso
de tecnología y de los medios de comunicación
7.
Acompañamiento a los vecinos y vecinas en la
defensa de su derecho al hábitat, tanto a nivel municipal, provincial y
nacional.
8.
Relevamientos cuantitativos y cualitativos de
los barrios, construcción participativa de un diagnóstico y elaboración de un
Anteproyecto de urbanización de la zona, respetando los derechos adquiridos por los Vecinos, que habitan la zona desde hace
décadas.
9.
Gestiones durante años para cerrar un volcadero
de basura clandestino en el Humedal de
la Setúbal, que causaba daños en la salud de los vecinos y vecinas, perjuicios
ecológicos y taponamientos de los desagües pluviales naturales.
10. Ante la
vulneración de los Derechos Humanos de los vecinos del Bajo Judiciales trasladados
a Los Quinchitos, gestiones por el agua potable, traslado escolar y por mejoras del vergonzoso “módulo habitacional”
adonde los hacinó el gobierno municipal desde la gestión del ex -intendente Barletta.
11. Gestiones
por limpieza y colocación de contenedores para mejorar condiciones de trabajo (nunca
provisto por el Municipio).
12. Defensa de
los niños y jóvenes ante los recurrentes malos tratos de la policía.
13. Denuncias
por amenazas, abuso de autoridad y extralimitación de poderes de los
funcionarios públicos.
(Recordamos
también que antes de llegar a esta instancia de denuncia penal vecinas/os
hicieron reiteradas denuncias, por las mismas causas, en la Municipalidad sin
que la misma adopte medida alguna respecto del funcionario agresor. Por el
contrario, parece que el mismo es alentado a continuar actuando de ese modo).
“La inversión es de más de dos millones de pesos y en muchos barrios nos
preguntan por qué hacemos esta inversión ahí, donde hay gente que no está en
condiciones de pagar impuestos y ni siquiera está regularizada. Nosotros
decimos que es para combatir la pobreza”
Se refiere,
presumiblemente, a la construcción de módulos habitacionales con ladrillos y
chapas en el barrio Los Quinchitos. Es notable, Sr. Intendente, que Ud
considere que el hecho de estar realizando una inversión económica
para remediar sólo parcialmente derechos humanos fundamentales vulnerados por
el propio Municipio desde el año 2010 sea una concesión “extraordinaria” en vez
del inicio del reconocimiento de algunos de sus deberes más básicos como
gobernante, tales como no dañar a su propia población ni dejarla en situación
de desprotección habitacional severa. El Estado no tiene la opción discrecional
sino el deber urgente de garantizar los
derechos humanos de la población, tarea todavía largamente incumplida en el
espacio de la ciudad de Santa Fe.
“Pero no puede ser que el municipio, que está
haciendo un esfuerzo extraordinario
termine denunciado”
Sr.
Intendente, la denuncia fue dirigida
contra funcionarios del Municipio que incurrieron en un accionar
presumiblemente delictivo en el territorio de Playa Norte. El “Municipio”, como
tal, nunca podría ser denunciado. Las denuncias de este tipo sólo pueden
concernir a individuos particulares.
“La gente está viviendo en
un reservorio, hacinada”
Antes de hacer tales aseveraciones, Sr.
Intendente, Ud. debería informarse al menos mínimamente, ya que en el propio Reglamento
de Ordenamiento Urbano consta de un anexo con un plano donde se ubican los
reservorios de Santa Fe, y el supuesto “reservorio de Playa Norte” no es ni ha
sido nunca uno de ellos. La mayor parte, por el contrario, de la zona está catalogada
como R4 (residencial 4). La estrategia municipal de catalogar a estos barrios
habitados por centenares de familias como “reservorios” es sólo el último de
variados discursos que a través de los años ha enarbolado para justificar la
violenta expulsión de la población. En este caso, intentando encubrir la
ideología expulsoria detrás de un endeble discurso de corte sanitarista y medioambiental
(ningún reservorio existe “naturalmente” sino que es artificialmente gestionado
como tal; no existe absolutamente
ninguna correlación entre la expulsión de los habitantes en situación de
pobreza del barrio –ya que no de los habitantes de alto poder adquisitivo – y
las supuestas medidas de desagüe que pretenderían tomarse; etc.).
Y con respecto a la palabra “hacinada”, suena
tan irónico… En sus casas humildes los vecinos de Bajo Judiciales tenían al
menos las comodidades acordes al número de integrantes de las familias, a su
salida laboral, a sus animales. Familias
de 6 a 10
integrantes fueron a parar al impresentable “módulo habitacional” de Los
Quinchitos, una sola pieza de 4x4, de cartón con techo de paja. Recuerde, Sr.
Intendente, que fue por la lucha de los vecinos y vecinas junto con las
organizaciones sociales que se frenó el proyecto municipal de seguir
construyendo quinchos y, así, en algo se mejoró la grave situación en la que
Uds. dejaron a dichas familias.
“Por supuesto que hay
mucho por hacer, pero que estas organizaciones se sumen a trabajar en vez de
denunciar al municipio que es quien está trabajando”
Señor Intendente, estamos esperando que se
cumpla la promesa hecha por la directora de la agencia municipal de habitat Sara
Lauría en la Asamblea Ciudadana realizada en el barrio General Paz hace ya más
de un año de conformar una Mesa de trabajo por el Hábitat digno en el NE, con
la participación insoslayable de los vecinos y vecinas y nuestro aporte desde
la experiencia, militancia independiente y capacidades técnicas.
Existe un
claro interés de vecinos y
organizaciones en la construcción de un destino mejor para quienes aquí habitan.
Por eso también es deseo de los habitantes del lugar y de las organizaciones
trabajar conjuntamente con el municipio en programas y acciones que
permitan a todos y todas disfrutar de su ciudad, especialmente a los que viven marginados y sufren el drama de
la inseguridad estructural, mueren por servicios insuficientes, por la extrema
vulnerabilidad y más aun por la irrupción de ambiciones económicas particulares
y gubernamentales que mercan con sus necesidades y su desesperanza.
